El Gobierno de la Comunidad de Madrid  prohibirá los móviles en clase a partir del curso 2020-21 en los colegios públicos y concertados.

La medida formaba parte del acuerdo de Gobierno de coalición firmado por el Partido Popular y Ciudadanos.

Desde septiembre de 2020, los alumnos no podrán usar el móvil en clase salvo que se necesite por razones de salud o discapacidad

En la actualidad, en la mayoría de los colegios de Madrid está prohibido usar los móviles en clase, por normativas internas de los propios colegios, pero no existe ninguna normativa estatal, ni autonómica en Madrid que regule el uso de móviles en los colegios.

Los centros educativos tienen autoridad para delimitar el uso del móvil en clase pero no es obligatorio. La nueva norma obligará a los colegios a restringir el uso del móvil en clase, aunque, se prevé que serán los profesores los que podrán decidir qué medida aplicar si no se cumple la norma.

Sí se permitirá usar el móvil a los alumnos que puedan necesitarlo por razones de salud o discapacidad, y también cuando los profesores consideren necesario utilizarlo con fines didácticos.

Uso abusivo del móvil

Actualmente, un 83% de los adolescentes reconoce que utiliza en exceso el móvil y las redes sociales. Según datos del INE, el 94% de los adolescentes de 15 años tienen Smartphone.

Además, los niños cada vez piden el móvil a edades más tempranas. Según un reciente estudio la edad media en la que quieren tener móvil está a los 9 años (algunos lo piden ya a los 7) y la edad en la que empiezan a usarlo, los 12, aunque no siempre están preparados para ello.

El objetivo de esta medida es mejorar los resultados académicos (pues muchos adolescentes reconocen estar pendientes del móvil en clase, y se ha comprobado que hacen un uso intensivo del móvil y de las redes sociales)  y también mitigar el acoso escolar y ciberbullying.

Será la tercera comunidad autónoma que prohíba el uso de moviles en clase

El uso del móvil en las aulas está prohibido en Castilla-La Mancha y Galicia. Otras comunidades como Valencia, Castilla y León y País Vasco dejan la decisión en manos de los colegios.

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